“El pueblo de San Isidro se aprestaba a festejar el Carnaval aquel año de 1844 cuando sorpresivamente el Juez de Paz recibió, con fecha 22 de febrero, un decreto del Superior Gobierno que en sus considerandos sostenía que ‘las costumbres opuestas a la cultura social y al interés del Estado suelen pertenecer a todos los pueblos’ y consecuentemente a ‘la autoridad pública corresponde designarles prudentemente su término’ y habida cuenta que durante estas fiestas ‘las familias sienten otros males por el extravío indiscreto de sus hijos, dependientes o domésticos’, fueron razones suficientes para dejar ‘abolido y prohibido para siempre el juego de Carnaval’. El decreto también prometía a los infractores ‘la pena de tres años destinados a los trabajos públicos del Estado’, por lo que, sin decir agua va, el pueblo de San Isidro se quedó sin mojarse en aquellos carnavales”.